México, ¿Escenario de eficiencia y equidad económica?

“Veo un México con hambre y sed de justicia”, fueron las palabras pronunciadas por Luis Donaldo Colosio quien aspiraba a la presidencia de la República Mexicana en 1994. Indudablemente, expresaba una de las mayores problemáticas del país en aquel entonces: la pobreza. Numerosos programas gubernamentales han tenido como premisa erradicar esta enfermedad social, que imposibilita el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, éstos identifican una población objetivo tratando transferir parte de la riqueza de unos a los que menos tienen. ¿Es acaso el Estado una especie de Robin Hood que pretende quitar a los ricos para dar a los pobres? ¿Están, estas acciones, encaminadas a mejorar el bienestar de toda la población resultando en la eficiencia económica? ¿Qué es más importante en México: la eficiencia o la equidad?

En un intento de demostrar que los programas gubernamentales mexicanos luchan incansablemente por conseguir ambas partes, el presente ensayo expone el caso del programa Comedores Comunitarios puesto en marcha por el Gobierno de la República a través de la Secretaria de Desarrollo Social en 2015.

Un criterio propuesto por los estudiosos de la Economía para confirmar la eficiencia económica, es la eficiencia en el Sentido de Pareto. Se afirma que alcanzar este estadío de bienestar social significa establecer un nivel en el cual no sea posible mejorar la posición de una persona, sin perjudicar a la otra. Pensando en la sociedad mexicana, resulta una agradable sensación en la que la población en su totalidad exprese un sentido de satisfacción en sus condiciones actuales. Entonces cualquier acción que el Gobierno implementase tendería a beneficiar a todos los integrantes de la sociedad.

En la práctica, resulta difícil confirmar esta hipótesis. ¿Es acaso que el Estado Mexicano financia los programas públicos con dinero distinto al que haya obtenido de la recaudación de impuestos? Quizá en las economías mixtas, como la nuestra, una parte de los beneficios económicos obtenidos de las actividades productivas desempeñadas por las empresas paraestatales se destine a la formulación y ejecución de estos proyectos. No obstante, los impuestos han de fungen como el suero vital que mantiene alimenta esencialmente estas acciones.

Otra característica que interfiere en el cumplimiento del criterio de Pareto es la subjetividad de la utilidad que reporta una misma acción para cada individuo. Dicen los apóstoles del utilitarismo, debe maximizarse la utilidad de los miembros de la sociedad; es evidente que no todas las personas reportan el mismo nivel de satisfacción como reacción a dada circunstancia e incluso lo que para alguien se muestra positivo para otro puede ser negativo. Ante un ideal escenario que permita el pleno bienestar social, surge una alternativa que acerca a reconsiderar el concepto de equidad. La hipótesis del rawlsianismo radica en que el bienestar social depende únicamente de la persona que se encuentre en las peores condiciones; atribuye una nueva concepción: la sociedad debe ser vista como un todo, que, si bien está formada por elementos sociales con características particulares, la suma de todos ellos redunda en un ente mayor. Es acertado pensar que beneficiar al elemento con la mayor desventaja es preferible que beneficiar a otros en posiciones más ventajosas.

Confirmada la dificultad práctica de la eficiencia en el sentido de Pareto, ¿Se puede identificar a los programas del Gobierno Mexicano como eficientes o equitativos? ¿Es posible que cumplan con ambas condiciones? Desde el punto de vista en el que la sociedad representa la suma de los beneficios de cada persona, es posible atribuir ambas características a los programas gubernamentales.

El Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, propone considerar los efectos por grupos sociales en virtud de distinguir aquellos con mayor necesidad. Adiciona a esta propuesta, la ponderación de la importancia según la ventaja (o desventaja) de los grupos al medir los beneficios, siendo los que se encuentran en mayor desventaja en relación a los demás aquéllos que reciben mayor ponderación.

Debe destacarse en este punto, que el programa de gobierno Comedores Comunitarios pretende reducir la desventaja de ciertos grupos de la sociedad mexicana en materia alimenticia: niñas y niños de 0 a 11 años de edad; estudiantes adolescentes de 12 a 19 años; mujeres embarazadas y en periodo de lactancia; personas con alguna discapacidad; personas adultas mayores de 65 años y más; población que sufra contingencias o emergencias que el gobierno federal haya declarado como zonas de desastre, que ameriten una intervención excepcional; y personas en situación de vulnerabilidad y pobreza.

Es posible afirmar la existencia de equidad y eficiencia en México, puesto que los programas gubernamentales están encaminados a satisfacer la mejor de las opciones viables. Se constata la correcta implementación de la teoría que prioriza las necesidades de los grupos en mayor desventaja.

Empero las miras de este programa del Gobierno, surgen preguntas respecto a lograr una equidad sustentable sin depender de los apoyos que otorga el Estado. ¿Puede reducirse la brecha de pobreza con los Comedores Comunitarios con los actuales lineamientos, en los cuales el Gobierno dota de alimentos balanceados a estos grupos? ¿Pudiera considerarse un efecto indirecto de la mejora en la alimentación en la reducción de la brecha de pobreza?

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